Evaluación Ambiental: Vecinos de Chiloé Solicitan Rechazar Megaproyecto Eléctrico por Incumplimiento de Plazos y Falencias Legales

El próximo martes 20 de febrero, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Los Lagos deberá votar el informe del proyecto de transmisión eléctrica “Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud”, impulsado por Transmisora del Pacífico S.A., filial de la empresa Transelec.

El proyecto —de capitales sino-canadienses— contempla la construcción de 251 torres de alta tensión a lo largo de 95 kilómetros, atravesando el Canal de Chacao y uniendo las comunas de Llanquihue y Ancud. Con una inversión estimada en USD 107 millones, la iniciativa forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional 2017 del Ministerio de Energía.

Sin embargo, diversas comunidades del norte de Chiloé han denunciado irregularidades graves en su evaluación ambiental, acusando incumplimientos de plazos, omisiones procedimentales y falta de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.

Irregularidades detectadas en el proceso de evaluación

De acuerdo con los antecedentes recopilados por San Román Abogados, el proyecto ingresó al SEA en septiembre de 2020, acumulando sucesivas suspensiones del procedimiento ambiental a solicitud de la empresa, las cuales fueron aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

“Transelec incurrió en errores y omisiones inexcusables en su evaluación ambiental, siendo la propia empresa responsable de los graves retrasos a la fecha. Nada de eso se refleja en los informes técnicos, donde se intenta atribuir al SEA responsabilidades que no le competen”.

Según el análisis jurídico, el plazo legal máximo de evaluación venció en julio de 2022, excediendo por más de 18 meses los límites que establece el artículo 24 del Reglamento del SEIA. En consecuencia, los vecinos solicitaron la invalidación de los actos administrativos dictados desde febrero de 2022, al considerar que el proceso ha perdido su legalidad y validez temporal.

Impacto social y ambiental

Las comunidades afectadas sostienen que el trazado de la línea eléctrica atraviesa zonas agrícolas de alto valor productivo, afectando la continuidad de actividades tradicionales y provocando pérdida de valor de los predios.

Además, denuncian que los tasadores contratados por la empresa habrían catalogado los terrenos como de “baja calidad”, sin reflejar las condiciones reales de productividad ni el impacto socioeconómico de la intervención.

“Sentimos que el Estado y esta empresa están siendo abusivos, permitiéndole a Transelec imponer una infraestructura que obliga a los propietarios a abandonar sus tierras”.

Falta de equidad y transparencia institucional

Desde San Román Abogados se ha planteado la preocupación por la falta de equidad en el trato entre empresas eléctricas y comunidades locales, subrayando que los estándares de transparencia deben aplicarse con igual rigor.

“Resulta al menos irregular esta repentina celeridad para que el Coeva vote un informe de más de 3.200 páginas en sólo cinco días, cuando el propio Estado ha concedido múltiples prórrogas a la empresa, excediendo los plazos legales”.

Esta situación infringe los principios de legalidad y juridicidad establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley N°18.575 de Bases de la Administración del Estado, que obligan a las autoridades a actuar dentro del marco normativo y temporal establecido.

Un desafío estructural: revisar la relación entre energía y territorio

El caso de Chiloé revela un problema recurrente en los proyectos de transmisión eléctrica: la desconexión entre planificación energética, gestión ambiental y justicia territorial.

Desde San Román Abogados reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del territorio, la transparencia ambiental y el cumplimiento estricto del principio de legalidad en todos los procedimientos de evaluación.

“El desarrollo energético no puede construirse sobre la base del sacrificio rural ni del debilitamiento del Estado de Derecho. Chile necesita un modelo energético que combine eficiencia, equidad y respeto por las comunidades”.