Vecinos de Chiloé Llaman a Rechazar Informe de Evaluación Ambiental de Megaproyecto Eléctrico

Las comunidades de Ancud y sectores rurales de Chiloé han manifestado su oposición al avance del proyecto de transmisión eléctrica impulsado por Transelec, denunciando graves irregularidades en su evaluación ambiental y el incumplimiento de los plazos legales para obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El proyecto, que contempla torres de hasta 300 metros de altura y una línea de transmisión de gran escala, ha generado preocupación por sus impactos sobre el medioambiente, el patrimonio cultural y los derechos de propiedad de las comunidades locales.

Retrasos e incumplimientos en la evaluación

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Los Lagos remitió con carácter de urgencia el informe de evaluación ambiental a los jefes de servicio del Gobierno Regional para su votación, pese a que el plazo legal para concluir el proceso venció hace más de 18 meses.

Según consta en los antecedentes, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debió haberse resuelto dentro de los 120 días administrativos que fija la normativa, prorrogables excepcionalmente por 60 días adicionales. No obstante, el proceso se ha mantenido activo desde 2022 sin resolución definitiva.

“Transelec incurrió en errores y omisiones inexcusables en su evaluación ambiental, siendo ella la responsable de los graves retrasos a la fecha. Nada de eso se dice en las auditorías, donde incluso se culpa al propio SEA”.

Cuestionamientos a la legalidad del proceso

Las comunidades acusan que la empresa solicitó la toma de posesión material de los terrenos antes de contar con los permisos ambientales aprobados, lo que constituye una vulneración al principio de juridicidad y a los derechos de los propietarios.

Asimismo, denuncian omisiones en la consulta indígena exigida por el Convenio 169 de la OIT, así como deficiencias en la evaluación de impactos sobre el patrimonio arqueológico y cultural.

“Si esto se aprueba, el miércoles pueden entrar las excavadoras en nuestras tierras. Exigimos que cada una de las irregularidades del proceso sean investigadas”.

Posición de San Román Abogados

Desde San Román Abogados sostenemos que este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procedimientos del SEIA, garantizando que la evaluación ambiental cumpla sus plazos, estándares técnicos y garantías constitucionales.

“El respeto al principio de legalidad es un pilar del Derecho Ambiental y Administrativo. Ningún proyecto puede avanzar cuando su evaluación ha perdido vigencia jurídica o se han omitido etapas esenciales del proceso”.

Las comunidades han solicitado la invalidación de los actos administrativos dictados desde febrero de 2022, fecha en que vencieron los plazos de tramitación. La resolución de este caso sentará un precedente relevante sobre los límites del actuar administrativo en materia ambiental.