Ley N° 21.850: qué cambia en el SEIA para propietarios y comunidades

El 17 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.850, para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Es, en lo principal, una ley tributaria y de reactivación tramitada por el Ministerio de Hacienda. Pero su artículo 11 reescribe piezas centrales de la Ley N° 19.300 y su artículo 14 modifica la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. Para quien tiene un predio afectado por un proyecto, el cambio se resume en una frase: hay menos puertas para reclamar y menos tiempo para usarlas.

Un solo recurso administrativo contra la RCA

El nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300 reemplaza el régimen de reclamaciones por un recurso especial de reclamación. Si el proyecto se evaluó por Declaración de Impacto Ambiental, lo resuelve el Director Ejecutivo del SEA. Si fue por Estudio, lo resuelve un comité de seis ministros presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, que debe sesionar al menos diez veces al año.

El plazo para interponerlo es de treinta días desde la notificación o publicación de la resolución. La autoridad tiene plazos fatales para resolver: treinta días tratándose de una Declaración y sesenta tratándose de un Estudio. Si no resuelve, el interesado puede pedir pronto despacho y, pasados cinco días, solicitar un certificado: con ello el recurso se entiende rechazado y la autoridad queda impedida de pronunciarse.

Quién puede reclamar y con qué argumentos

Pueden recurrir el titular del proyecto, quienes formularon observaciones en la participación ciudadana y cualquier persona que tenga la calidad de interesado conforme al artículo 21 de la Ley N° 19.880. La ley, sin embargo, separa dos situaciones:

• Quien observó en la PAC solo puede fundar su reclamación en esas observaciones y en vicios de procedimiento de carácter esencial.
• Quien no observó solo puede fundarla en aspectos que le generen una afectación directa y en vicios esenciales.

La consecuencia práctica es directa: participar en el proceso de participación ciudadana dejó de ser un trámite de buena voluntad. Lo que se observe ahí delimita lo que después se podrá discutir.

Lo que no se alegó en sede administrativa no se alega en tribunales

La letra f) del nuevo artículo 20 dispone que la reclamación judicial solo podrá fundarse en las alegaciones sometidas oportunamente a la autoridad mediante el recurso especial. En la misma línea, el nuevo artículo 24 bis cierra las vías paralelas: contra una Resolución de Calificación Ambiental no proceden los recursos administrativos ni los mecanismos de revisión del Capítulo IV de la Ley N° 19.880 por las materias ya conocidas en el recurso especial; subsiste únicamente la aclaración o rectificación del artículo 62.

La modificación a la Ley N° 20.600 completa el cuadro: el artículo 17 N° 8 pasa a excluir expresamente a la RCA del reclamo por invalidación.

La notificación y la presunción de conocimiento

La resolución de calificación debe notificarse por la plataforma electrónica del SEA al titular y a quienes presentaron observaciones, y publicarse en el sitio del Servicio dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictación. Desde esa publicación, la resolución se presume de derecho conocida por cualquier persona.

Para un propietario que no participó en la evaluación, el efecto es que el plazo de treinta días corre igual, haya visto o no la resolución.

Invalidación: de dos años a uno

El artículo 4 de la ley reduce de dos años a un año el plazo del artículo 53 de la Ley N° 19.880 para que la Administración invalide sus propios actos. Es un cambio general, no ambiental, pero golpea directamente a las solicitudes de invalidación que se usaban frente a actos de carácter ambiental.

Suspender una RCA en tribunales: topes de treinta días y seis meses

El artículo 14 de la ley agrega incisos al artículo 24 de la Ley N° 20.600. Las medidas cautelares que suspendan total o parcialmente los efectos de una RCA durarán como máximo treinta días corridos, prorrogables por resolución fundada, y son apelables en diez días ante la Corte de Apelaciones, en el solo efecto devolutivo. En ningún caso podrán extenderse por más de seis meses contando las prórrogas.

La excepción existe: el tribunal puede decretar una nueva cautelar cuando sea necesario para evitar un riesgo grave e irreversible al medio ambiente o a la salud de las personas, o ante un incumplimiento manifiesto de las condiciones de la RCA, ponderando los intereses públicos y privados comprometidos.

Modificaciones de proyectos ya aprobados

Se agrega un inciso final al artículo 10 de la Ley N° 19.300: tratándose de modificaciones de un proyecto con RCA favorable cuyas obras se ejecuten en la misma área ya evaluada, solo se requerirá nueva evaluación si existe una modificación sustantiva en magnitud o extensión de los impactos. Y las modificaciones que solo impliquen una mejora tecnológica no requerirán nueva evaluación. El detalle queda entregado al reglamento del artículo 13.

Centrales generadoras: qué pasa con el umbral de 3 MW

El literal c) del artículo 10 queda redactado simplemente como “centrales generadoras de energía”, sin el umbral de 3 MW que hoy aparece en la ley. Conviene leerlo junto al artículo décimo tercero transitorio: ese cambio solo entra en vigencia cuando se publique el nuevo reglamento del SEIA, y ese reglamento no podrá fijar un umbral inferior a 3 MW, debiendo diferenciar entre tipos de generación. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un año desde la publicación de la ley para dictar los nuevos reglamentos de Evaluación Ambiental Estratégica y del SEIA.

Una evaluación más acotada

El nuevo artículo 25 septies crea un régimen especial y voluntario de tramitación: el titular lo declara al presentar el proyecto y, a cambio, la evaluación admite una sola instancia de aclaraciones en Declaraciones y hasta dos en Estudios, la segunda de carácter excepcional y fundada. Los pronunciamientos de los servicios deben ceñirse al contenido presentado, sin incorporar nuevos requerimientos.

En paralelo, el artículo 81 letra a) entrega al SEA la rectoría técnica de la evaluación: solo considerará los pronunciamientos sectoriales que sean pertinentes, estén dentro de la competencia del organismo y se informen dentro de plazo, y podrá dictar instrucciones generales y obligatorias.

Un cabo suelto que conviene seguir

El proyecto original contemplaba un mecanismo de indemnización al titular por la anulación de una RCA, con determinación del monto por un tribunal arbitral. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales esas normas (roles N° 17.828-26, 17.829-26 y 17.832-26 acumulados, de 26 de agosto de 2026, y rol N° 17.917-26, de 2 de octubre de 2026). Los actuales artículos 12 y 13 y el artículo décimo cuarto transitorio quedaron refiriéndose a un procedimiento que ya no existe. La Contraloría General de la República dio curso al decreto promulgatorio dejando constancia de ello y sugirió a los colegisladores regular la materia con mayor detalle.

Qué hacer si un proyecto afecta su predio

• Observar en la participación ciudadana. Es la vía que habilita a reclamar después sobre el fondo.
• Revisar la plataforma del SEA. La notificación y la publicación de la RCA hacen correr los plazos.
• Treinta días para el recurso especial y veinte para ir al Tribunal Ambiental. Son plazos cortos y fatales.
• Reunir antecedentes del predio desde el inicio. Inscripciones, gravámenes, usos y afectaciones son la base de cualquier alegación de afectación directa.

En San Román Abogados representamos a propietarios y comunidades en procedimientos de evaluación ambiental, reclamaciones y servidumbres. Si un proyecto de energía o infraestructura afecta su predio, el momento de intervenir es antes de que la resolución quede firme.