Evaluación Ambiental de Líneas de Transmisión y Conflictos Territoriales
Las líneas de transmisión eléctrica son obras esenciales para el desarrollo energético del país, pero también generan efectos ambientales y sociales que deben ser gestionados con responsabilidad. La evaluación ambiental de estos proyectos no se limita a un trámite administrativo: constituye una herramienta preventiva de planificación y de diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades afectadas.
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
La Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece la obligación de someter a evaluación ambiental los proyectos eléctricos que superen ciertos umbrales técnicos, conforme al artículo 10 letra b) y al Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2013). En particular, deben evaluarse las líneas de transmisión de alta tensión, sus subestaciones y las obras asociadas que atraviesen áreas sensibles o modifiquen significativamente el entorno.
El objetivo del SEIA es identificar, prever y mitigar los impactos antes de su ejecución. En el caso de las servidumbres eléctricas, los efectos más comunes son la fragmentación del paisaje, el ruido por efecto corona, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración del uso del suelo agrícola o rural. Estas variables ambientales deben ser consideradas desde la etapa de diseño, no como un trámite posterior.
Coordinación entre la RCA y la Concesión Eléctrica
Uno de los principales desafíos del régimen actual radica en la falta de sincronización entre la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la concesión eléctrica definitiva otorgada por el Ministerio de Energía. En la práctica, muchos proyectos obtienen primero la RCA y luego tramitan la concesión, o viceversa, generando duplicidades y vacíos de coordinación institucional.
Esta desarticulación puede producir conflictos en terreno: comunidades que participaron en la evaluación ambiental desconocen posteriormente el trazado aprobado por la autoridad eléctrica, o propietarios que no fueron considerados en la etapa ambiental reciben servidumbres ya impuestas. La experiencia demuestra que una planificación coherente entre ambos procedimientos evitaría contradicciones y reforzaría la legitimidad de las decisiones públicas.
Participación ciudadana y conflictos territoriales
La participación ciudadana constituye un eje central del SEIA y un requisito de validez democrática en la autorización de proyectos eléctricos. La Ley 19.300 garantiza a las personas el derecho a formular observaciones ambientales fundadas, lo que permite incorporar la mirada local en la evaluación técnica. Sin embargo, la participación temprana sigue siendo un desafío pendiente: en muchas zonas rurales, las comunidades se enteran del proyecto cuando la servidumbre ya ha sido decretada o las torres instaladas.
Esta brecha comunicacional ha generado numerosos conflictos territoriales en el país, especialmente en regiones donde los trazados de líneas de transmisión atraviesan terrenos agrícolas, forestales o habitacionales. En estos casos, la percepción de imposición se traduce en desconfianza hacia las instituciones y en judicialización de proyectos que podrían haberse gestionado con un enfoque de transparencia y equidad territorial.
Impactos ambientales y medidas de mitigación
Entre los impactos ambientales más relevantes se cuentan la pérdida paisajística, la alteración de hábitats naturales, el ruido electromagnético, el riesgo de incendios forestales y la presencia de campos magnéticos. La autoridad ambiental exige medidas de mitigación y compensación, tales como franjas de amortiguación vegetal, reforestación compensatoria, monitoreo de fauna y planes de seguridad eléctrica en zonas habitadas.
No obstante, la eficacia de estas medidas depende de su fiscalización y cumplimiento efectivo. Un seguimiento ambiental robusto, junto con la participación continua de las comunidades, fortalece la confianza y legitima la actividad energética como motor de desarrollo sostenible.
La expansión del sistema eléctrico debe avanzar en armonía con el territorio. Una planificación estratégica, que considere la capacidad de carga ambiental y la sensibilidad social de cada zona, no solo reduce conflictos, sino que también garantiza que la infraestructura energética contribuya al bienestar general y al equilibrio ambiental. En este punto, la asesoría jurídica especializada se vuelve esencial para conciliar los intereses públicos y privados, y asegurar que cada servidumbre eléctrica se establezca bajo un marco de equidad y respeto.