Evaluación Ambiental de Líneas de Transmisión y Conflictos Territoriales
Las líneas de transmisión eléctrica son infraestructuras críticas para el desarrollo energético del país, pero también generan impactos ambientales, sociales y territoriales que deben ser gestionados con rigor técnico y jurídico. La evaluación ambiental de estos proyectos no es un mero trámite: constituye un instrumento preventivo que articula la planificación energética, la gestión ambiental y la protección de comunidades y propietarios, garantizando que el avance del sistema eléctrico ocurra dentro de parámetros de sostenibilidad y equidad territorial.
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
La Ley N°19.300 y su Reglamento (D.S. N°40/2013) establecen que las líneas de transmisión de alta tensión, sus subestaciones y obras anexas deben someterse obligatoriamente al SEIA, conforme al artículo 10 letra b). El análisis técnico debe identificar los impactos sobre el medio físico, biológico, humano y territorial, especialmente cuando el proyecto atraviesa ecosistemas frágiles, áreas agrícolas de alto valor productivo o zonas con asentamientos humanos.
El SEIA tiene una doble función: anticipar impactos y prevenir conflictos. En el caso de las servidumbres eléctricas, los efectos típicos incluyen la fragmentación del paisaje, el roce o remoción de vegetación, el ruido asociado al efecto corona, la modificación del uso del suelo rural y las restricciones de seguridad que afectan actividades agrícolas o ganaderas. Estos elementos deben abordarse en la etapa de diseño del proyecto, no una vez otorgada la servidumbre.
Coordinación entre la RCA y la Concesión Eléctrica
Uno de los problemas estructurales del régimen vigente es la falta de coherencia procedimental entre la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la Concesión Eléctrica Definitiva. Ambos instrumentos autorizan aspectos distintos del mismo proyecto: la RCA valida la viabilidad ambiental, mientras que la concesión delimita y constituye jurídicamente la servidumbre. Sin embargo, en la práctica no existe un mecanismo institucional robusto que asegure que ambos actos administrativos dialoguen entre sí.
La falta de coordinación puede generar efectos significativos en terreno: trazados aprobados ambientalmente que difieren de los planos de servidumbre; propietarios que participaron en la evaluación ambiental pero no fueron considerados en el procedimiento eléctrico; o servidumbres constituidas sobre predios cuyos impactos fueron insuficientemente evaluados. Este vacío institucional evidencia la necesidad de un enfoque integrado entre el órgano técnico-eléctrico y el órgano ambiental, de modo que el trazado, la evaluación y la constitución del gravamen reflejen una única decisión coherente y transparente.
Participación ciudadana y conflictos territoriales
La participación ciudadana es un pilar de la evaluación ambiental y una manifestación concreta del derecho de las personas a intervenir en decisiones que afectan su entorno. A través del SEIA, las comunidades pueden presentar observaciones fundadas sobre impactos, alternativas de trazado, riesgos para la salud, afectaciones productivas o fragmentación territorial. Sin embargo, persiste un desafío estructural: la participación no siempre ocurre en etapas tempranas, y muchas comunidades rurales toman conocimiento real del proyecto cuando el trazado ya está definido o la servidumbre constituida.
Esta brecha genera conflictos socioambientales en diversas regiones del país. Los territorios perciben la decisión como impuesta, lo que deriva en desconfianza hacia las autoridades, oposición comunitaria, judicialización y retrasos en la ejecución de obras. La evidencia muestra que la participación efectiva —temprana, informada y accesible— reduce conflictos, permite ajustar trazados, mejora las medidas de mitigación y fortalece la legitimidad de los proyectos eléctricos.
Impactos ambientales y medidas de mitigación
Los principales impactos ambientales de las líneas de transmisión incluyen la alteración del paisaje, la fragmentación de hábitats, el ruido electromagnético, el riesgo de incendios, la intervención de bosques nativos y la exposición a campos electromagnéticos. El SEIA exige medidas de mitigación, compensación y reparación, tales como:
- Establecimiento de franjas de protección y manejo de vegetación;
- Programas de reforestación o restauración ecológica;
- Monitoreo de fauna y medidas anti-colisión de aves;
- Protocolos de seguridad eléctrica en zonas habitadas;
- Gestión de residuos y estabilización de suelos durante la construcción.
No obstante, la eficacia de estas medidas depende de su fiscalización y del cumplimiento obligatorio establecido en la RCA. El seguimiento ambiental, sumado a la participación continua de las comunidades, asegura que la mitigación no quede en un plano declarativo, sino que se traduzca en compromisos reales y verificables.
La expansión del sistema de transmisión debe realizarse con criterios de equilibrio territorial y sensibilidad ambiental. Proyectos correctamente evaluados y coordinados institucionalmente reducen conflictos, respetan los derechos de los propietarios y contribuyen a un desarrollo energético sostenible. En este contexto, la asesoría jurídica especializada resulta esencial para garantizar que la evaluación, la determinación de servidumbres y las obligaciones ambientales se ajusten a la ley y protejan adecuadamente los intereses de las comunidades y del territorio.
Evaluación Ambiental de Líneas de Transmisión y Conflictos Territoriales
Las líneas de transmisión eléctrica son obras esenciales para el desarrollo energético del país, pero también generan efectos ambientales y sociales que deben ser gestionados con responsabilidad. La evaluación ambiental de estos proyectos no se limita a un trámite administrativo: constituye una herramienta preventiva de planificación y de diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades afectadas.
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
La Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece la obligación de someter a evaluación ambiental los proyectos eléctricos que superen ciertos umbrales técnicos, conforme al artículo 10 letra b) y al Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2013). En particular, deben evaluarse las líneas de transmisión de alta tensión, sus subestaciones y las obras asociadas que atraviesen áreas sensibles o modifiquen significativamente el entorno.
El objetivo del SEIA es identificar, prever y mitigar los impactos antes de su ejecución. En el caso de las servidumbres eléctricas, los efectos más comunes son la fragmentación del paisaje, el ruido por efecto corona, la pérdida de cobertura vegetal y la alteración del uso del suelo agrícola o rural. Estas variables ambientales deben ser consideradas desde la etapa de diseño, no como un trámite posterior.
Coordinación entre la RCA y la Concesión Eléctrica
Uno de los principales desafíos del régimen actual radica en la falta de sincronización entre la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la concesión eléctrica definitiva otorgada por el Ministerio de Energía. En la práctica, muchos proyectos obtienen primero la RCA y luego tramitan la concesión, o viceversa, generando duplicidades y vacíos de coordinación institucional.
Esta desarticulación puede producir conflictos en terreno: comunidades que participaron en la evaluación ambiental desconocen posteriormente el trazado aprobado por la autoridad eléctrica, o propietarios que no fueron considerados en la etapa ambiental reciben servidumbres ya impuestas. La experiencia demuestra que una planificación coherente entre ambos procedimientos evitaría contradicciones y reforzaría la legitimidad de las decisiones públicas.
Participación ciudadana y conflictos territoriales
La participación ciudadana constituye un eje central del SEIA y un requisito de validez democrática en la autorización de proyectos eléctricos. La Ley 19.300 garantiza a las personas el derecho a formular observaciones ambientales fundadas, lo que permite incorporar la mirada local en la evaluación técnica. Sin embargo, la participación temprana sigue siendo un desafío pendiente: en muchas zonas rurales, las comunidades se enteran del proyecto cuando la servidumbre ya ha sido decretada o las torres instaladas.
Esta brecha comunicacional ha generado numerosos conflictos territoriales en el país, especialmente en regiones donde los trazados de líneas de transmisión atraviesan terrenos agrícolas, forestales o habitacionales. En estos casos, la percepción de imposición se traduce en desconfianza hacia las instituciones y en judicialización de proyectos que podrían haberse gestionado con un enfoque de transparencia y equidad territorial.
Impactos ambientales y medidas de mitigación
Entre los impactos ambientales más relevantes se cuentan la pérdida paisajística, la alteración de hábitats naturales, el ruido electromagnético, el riesgo de incendios forestales y la presencia de campos magnéticos. La autoridad ambiental exige medidas de mitigación y compensación, tales como franjas de amortiguación vegetal, reforestación compensatoria, monitoreo de fauna y planes de seguridad eléctrica en zonas habitadas.
No obstante, la eficacia de estas medidas depende de su fiscalización y cumplimiento efectivo. Un seguimiento ambiental robusto, junto con la participación continua de las comunidades, fortalece la confianza y legitima la actividad energética como motor de desarrollo sostenible.
La expansión del sistema eléctrico debe avanzar en armonía con el territorio. Una planificación estratégica, que considere la capacidad de carga ambiental y la sensibilidad social de cada zona, no solo reduce conflictos, sino que también garantiza que la infraestructura energética contribuya al bienestar general y al equilibrio ambiental. En este punto, la asesoría jurídica especializada se vuelve esencial para conciliar los intereses públicos y privados, y asegurar que cada servidumbre eléctrica se establezca bajo un marco de equidad y respeto.