Kimal–Lo Aguirre: el desafío jurídico y regulatorio del mayor proyecto eléctrico del país

El sistema eléctrico nacional volvió a poner en primer plano la necesidad de reforzar la infraestructura de transmisión. En ese contexto, el proyecto Kimal–Lo Aguirre —una línea de corriente continua (HVDC) sin precedentes en Chile— surge como pieza clave para la estabilidad del suministro y la integración de energías renovables, pero también como un reto regulatorio por su escala, complejidad ambiental y carga permisológica.

Impulsado por el consorcio Conexión Energía y mandatado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el trazado conectará María Elena (Región de Antofagasta) con Lo Aguirre (Pudahuel, Región Metropolitana), atravesando cinco regiones, con una inversión estimada de US$ 1.480 millones.

Escala técnica y cobertura territorial

El proyecto contempla 1.342 km de longitud y la instalación de 2.691 torres, con obras a ejecutarse en cinco regiones. Su tecnología HVDC lo convierte en la primera línea de corriente continua del país, orientada a trasladar grandes bloques de energía desde zonas generadoras del norte hacia los principales centros de consumo.

Permisología y evaluación ambiental: el “cuello de botella”

La tramitación ambiental se inició en 2022 ante el SEIA. A comienzos de 2024, el SEA emitió un ICSARA de 753 páginas con 1.698 observaciones de organismos con competencia sectorial. Posteriormente se añadieron cerca de 900 observaciones ciudadanas, incrementando la complejidad del expediente. En diciembre, la empresa informó que el proyecto requerirá 4.941 permisos sectoriales —4.572 ligados a las líneas de transmisión y 369 de carácter industrial— tramitados ante diversos ministerios y servicios.

Tras nuevos antecedentes, el SEA publicó un segundo ICSARA con casi 1.400 comentarios adicionales que deberán ser respondidos. Esta densidad documental revela un desafío sistémico: coordinación regulatoria, estandarización de criterios y gestión de plazos para proyectos estratégicos.

Claves jurídicas y de gestión pública

• Interés público y planificación: como obra mandatada por el CEN, Kimal–Lo Aguirre persigue seguridad y calidad de servicio; su evaluación debe armonizar planificación energética y gestión ambiental.
• Carga permisológica: la triplicación histórica de permisos asociados a una RCA tensiona cronogramas y costos. Se requiere coordinación eficaz para evitar atrasos que impacten el sistema.
• Participación y trazado: la magnitud del proyecto demanda procesos participativos consistentes y gestión territorial cuidadosa, especialmente respecto de comunidades y propietarios afectados por servidumbres eléctricas.

Impactos territoriales y servidumbres

La ejecución supondrá la constitución y ejercicio de servidumbres eléctricas a gran escala, con ocupaciones de franja, accesos y restricciones de uso del suelo. La práctica requiere delimitar técnicamente los polígonos afectados (planos especiales), compatibilizar actividades productivas y, cuando corresponda, tasar e indemnizar conforme al régimen de la LGSE y su jurisprudencia, con criterios transparentes y verificables.

Plazos y horizonte de operación

De acuerdo con la información pública, la línea HVDC aspira a entrar en operación en 2029, sujeta a la evolución de la evaluación ambiental, respuesta a observaciones y obtención de permisos sectoriales.

Nuestra posición

“Kimal–Lo Aguirre es una obra estratégica para la seguridad del sistema y la descarbonización. Su éxito exige rigor técnico, coordinación regulatoria y un trato justo con los territorios. Acompañamos a empresas, comunidades y propietarios para que el cumplimiento legal y ambiental sea íntegro, transparente y verificable.”